La Fiscalía libanesa solicitó este martes la acusación del expresidente Michel Aoun por la explosión registrada en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, según confirmó una fuente judicial. La petición busca fijar la responsabilidad penal del exmandatario por no haber accionado tras recibir advertencias previas sobre el material peligroso que provocó la tragedia.

Según la fiscalía, Aoun conocía de la presencia y del riesgo que representaban las 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas sin medidas de seguridad en el depósito número 12. Este compuesto químico, utilizado en fertilizantes y explosivos, llegó al puerto en 2013 a bordo del buque de propiedad rusa MV Rhosus, el cual hizo escala por problemas financieros con destino a Mozambique, y permaneció allí depositado durante años a pesar de las repetidas alertas de funcionarios locales.

El desencadenante del desastre fue un accidente de soldadura que encendió un cargamento de material pirotécnico cercano, extendiendo las llamas hasta alcanzar el nitrato de amonio.

La posterior deflagración provocó más de 150 muertos, unos 6.000 heridos y el desplazamiento de cerca de 300.000 personas al dejar más de la mitad de la capital en ruinas, lo que desató duras críticas de la sociedad civil por la negligencia de las autoridades. En su momento, Aoun declaró que la investigación no descartaba una interferencia externa, sugiriendo la hipótesis de un misil o una bomba.

El requerimiento actual del Fiscal General de Casación abarca a más de 70 personas tras un examen del expediente, solicitando al investigador judicial acusar directamente al expresidente por no haber llevado el caso ante el Consejo Supremo de Defensa ni tomado prevenciones. La lista de investigados incluye a dirigentes políticos, altos mandos de seguridad y personal del puerto demandado con anterioridad.

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La decisión de dictar una imputación formal contra el exjefe de Estado recae ahora sobre el investigador judicial del caso, cuyo pronunciamiento se espera para las próximas semanas.

El avance del proceso legal ocurre mientras el país atraviesa una severa crisis económica e institucional, concentrando la atención sobre la autonomía de la justicia libanesa para procesar a las máximas figuras del poder político.

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